El Gobierno acorrala a 700 mil estatales y amenaza salarios de millones de provinciales y municipales

El Gobierno acorrala a 700 mil estatales y amenaza salarios de millones de provinciales y municipales

Por decisión del Central los bancos no podrán adelantar fondos a los distritos para cubrir sueldos; peligra el pago a término de hasta 3,5 millones de trabajadores

La decisión del Gobierno de impedirles a los bancos financiar el pago de salarios de empleados públicos disparó la reacción de gremios estatales que hicieron saber de una inminente demora en el cobro de más de 700 mil agentes de la administración central y encendió la alarma sobre un universo que se extiende a 3,5 millones de trabajadores de provincias y municipios de todo el país. La medida, que anticipó la semana pasada el vocero Manuel Adorni como parte de las nuevas restricciones a implementar por el freno en la aprobación de la ley ómnibus, se suma a la quita de horas extras ordenada por la Jefatura de Gabinete y que afecta a los sueldos más bajos del Estado, y a los recortes iniciados en el sector público con la cancelación de contratos.

La comunicación A7674 del Banco Central, que pone límites a los adelantos de entidades financieras a organismos públicos, universidades nacionales y otros entes no privados, complicará el pago de haberes en término (último día hábil de cada mes o primero del siguiente) a empleados públicos, docentes, profesionales y trabajadores de la salud y de otras reparticiones. Así lo advirtieron legisladores de la oposición y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). La norma dificulta la chance de los organismos estatales nacionales, pero también de provincias y municipios, de fondearse a través de los bancos a través de los cuales liquidan los haberes de su personal a la espera de los giros del Tesoro nacional para cubrir esas obligaciones.

La primera línea de perjudicados pertenece a la plantilla de la administración pública nacional, que incluye a trabajadores estatales de organismos, docentes universitarios y personal civil y uniformado de las Fuerzas Armadas, que suman al menos 716 mil trabajadores, le dijo a este medio Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. Pero la misma complicación, ampliada a los municipios y gobiernos provinciales que se financian de la misma manera, encendió las alertas por el pago de sueldos de este mes de un total de 3,5 millones de personas.

El ajuste de las cuentas públicas va a incluir el análisis de todas y cada una de las partidas que el Gobierno nacional transfiere a las provincias, en todos los conceptos que se pueda ocurrir”, dijo en esa oportunidad al comentar la decisión del Central.

 

 

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