La exministra de Seguridad de Mauricio Macri y actual presidenta del PRO fue denunciada por direccionar la compra de sistemas de seguridad para pasos fronterizos a una firma a la que le pagó 35 millones de dólares, 5 millones más de lo que ofrecían sus competidoras en la licitación, y a la que el Estado le pagó también el impuesto a las ganancias por 600 mil dólares a través de un ente cooperador.
