Para Cristina Kirchner gobernar es enfrentar intereses del poder económico a favor de sectores vulnerables. Alberto Fernández cree que la concertación constituye la estrategia central para desacelerar la inflación.
Existe una crisis política en la coalición de gobierno porque existe una crisis en la política de ingresos (inflación y salarios), y no se puede avanzar en resolver esta última porque no se logra superar la primera. En este laberinto se encuentra la actual situación económica-política, con remate incierto.
Como la historia no se repite en forma idéntica, pese a la existencia de iguales actores (FMI) y problemas (inflación), porque las condiciones locales e internacionales son otras, es poco probable un desenlace como los de 1989 o 2001.
Esto no significa que si no se remedia esta doble crisis no haya consecuencias poco agradables, sólo que serán distintas, siendo una de ellas posiblemente el crecimiento político y la consolidación de propuestas económicas de la ultraderecha.
Este avance puede ser que no concluya con uno de sus representantes en la Casa Rosada (Javier Milei), pero sí termine legitimando social y políticamente estrategias de shock regresivas de un eventual nuevo gobierno de derecha (macrismo-radicalismo) en 2024, con consecuencias igualmente tan dramáticas para los sectores populares como una hiperinflación o una megadevaluación acompañada de un default.
La cuestión central
Algunos miembros de los sectores que participan en la fuerza política del oficialismo piensan que una conversación entre el Presidente y la vicepresidente sería el primer paso para comenzar la búsqueda de una salida. Parece que la cuestión es más compleja que solamente un encuentro para un intercambio de ideas, superar diferencias personales y sacarse unas fotos juntos, en caso de que esto suceda. Puede ser el primer paso pero evidentemente insuficiente.
Los cambios en el gabinete nacional previstos para después de Semana Santa, según comentan en la Casa Rosada, pueden ser un punto de partida de esa recomposición o una pieza más del choque.
La cuestión central de esta doble crisis es esencialmente política. Si esto último puede ser acomodado quedará luego el desafío de liderar el desafío distributivo progresivo del crecimiento económico.
No pocos evalúan que esta doble crisis puede extenderse hasta las próximas elecciones presidenciales, momento en que terminaría dirimiéndose quién de los dos tenía razón.
Otros, en cambio, evalúan que la acumulación de tensiones que se van arrastrando terminará por hacer detonar la convivencia en el Frente de Todos, dejando el terreno allanado para el regreso de la derecha al poder, o peor, el avance de la ultraderecha y el consiguiente corrimiento de las propuestas económicas hacia zonas muy desfavorables en términos del bienestar general de las mayorías.
El debate es sobre la intensidad de la intervención de la política económica
Si no aparecen esfuerzos compartidos para transitar senderos hacia la salida de este laberinto político, cualquiera de las medidas económicas que se presenten tendrá escasa densidad. Esto significa que las que pueden ser buenas terminarán en la intrascendencia y las que pueden ser malas tendrán resultado desastroso.
A esta altura quién está ocupando el Ministerio de Economía dejó de ser lo fundamental, a pesar de que Martín Guzmán está en el ojo del huracán, puesto que más que nombres lo que está en discusión es la intensidad de la política económica y, en especial, la capacidad de liderazgo y de orientación de la gestión en términos de la distribución del ingreso.
Cristina Fernández de Kirchner expresó en el acto del 2 de abril en el Congreso que gobernar consiste en enfrentar intereses del poder económico y dirimirlos a favor de sectores vulnerables. Por lo tanto, las medidas para atender las urgencias económicas deben necesariamente afectar privilegios.
Por su parte, Alberto Fernández manifestó en el discurso del 18 de marzo, cuando anunció «la batalla contra la inflación», que la concertación y el diálogo entre los formadores de precios, los sindicatos y el Estado constituyen la estrategia central para desacelerar los aumentos de precios.
Esta es la concepción principal que tiene Guzmán con respecto a cómo atacar el problema de la inflación, además de ordenar las cuentas fiscales y monetarias acompañado de la estabilización del mercado de cambio con el incremento de reservas para disminuir con ese combo las expectativas de devaluación.
Crecimiento sin distribución
Miembros del equipo económico se sorprenden por la virulencia de la crisis política porque dicen que las principales variables macroeconómicas muestran una muy fuerte recuperación. Lo mismo piensan funcionarios del gabinete nacional cercanos a Alberto Fernández. Por lo tanto, evalúan que, además de injusto, es desproporcionado el cuestionamiento al manejo de la economía.
Aquí aparece una situación de cierta complejidad analítica que requiere eludir las posiciones blanco/negro.
Resulta indudable la mejora sustancial de la actividad económica general con un crecimiento del PIB de dos dígitos, la recomposición del empleo registrado, disminución de la desocupación y la pobreza, el importante avance de las exportaciones, el persistente y sustancial aumento de la recaudación impositiva, el registro de saldos positivos de la balanza comercial, el alivio en las cuentas fiscales en el rubro pago de intereses luego de la reestructuración de la deuda pública en manos privados, entre otras variables macro. Además, se trata de una recuperación rápida e intensa no esperada por propios y extraños, y que se consiguió luego de la impactante crisis económica y sanitaria global debido a la pandemia del coronavirus.
Ahora bien, también resulta incontrastable que este muy positivo balance macroeconómico no se reflejó en mejoras en la distribución progresiva de ese crecimiento, quedando esa riqueza recuperada en pocas manos. Así, si bien aumentó el empleo global, lo hizo con salarios insuficientes para mejorar la calidad de vida, ampliándose el universo de trabajadores pobres por ingresos.
La diferencia principal entre CFK y AF
La inflación, en su expresión de puja distributiva, tuvo como claro ganador al sector empresario en detrimento de los ingresos de los sectores populares (trabajadores, jubilados, titulares de AUH y de programas sociales)
La clave del conflicto
La tasa de inflación muy elevada es un grave problema macroeconómico pero el nudo central del conflicto político es la distribución. El Gobierno impulsa la actualización de ingresos de los sectores populares pero sin lograr que el promedio pueda superar sostenidamente la línea de pobreza por la pauta distributiva regresiva.
No es que la gestión de Alberto Fernández no haya impulsado aumentos vía bonos (jubilados), aumentos de programas sociales (Tarjeta Alimentar) o negociaciones paritarias y liberación del pago del Impuesto a la Ganancias para gran parte de los trabajadores en relación de dependencia. Lo que sucede es que lo hizo con tal intensidad que sólo sirvió para compensar en promedio la tasa de inflación, corriendo entonces siempre detrás de los aumentos de precios.
De este modo, el importante crecimiento de la economía quedó concentrado en pocos si bien sin bajar los ingresos de los sectores populares desde los niveles deprimidos dejados por el gobierno de Macri, pero sin poder recuperarlos en términos reales.
Esta es la base del conflicto político que tiene atrapado al gobierno del Frente de Todos. No es por la personalidad de los protagonistas debido a que una es «mala» y el otro es «flojo», como se definen unos a otros. La clave de este laberinto es política y se encuentra en que el crecimiento económico en la salida de esta crisis no tuvo redistribución hacia el sector de la población base electoral del oficialismo castigado por la doble pandemia macrismo + coronavirus.
